El municipio es el espacio geográfico y social en el que se desarrolla la vida diaria de las poblaciones. El bienestar de las personas y el pleno disfrute de los derechos ciudadanos depende en gran medida de una buena gestión municipal, la cual está a cargo de una corporación municipal.

El 29 de octubre de 1990, el Congreso Nacional de la República emitió el Decreto N° 134-90, que contiene la Ley de Municipalidades, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1991. Asimismo, el 1 de febrero de 1993, el Congreso Nacional aprobó el Reglamento General de Municipalidades, que también se incluye en esta edición.

Estos instrumentos legales sustituyen la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente desde 1927, la cual ya no respondía a las demandas de nuestro tiempo. Esta Ley atiende al mandato constitucional que establece que las corporaciones municipales serán independientes de los poderes del Estado, configurando para ellas un régimen especial y autónomo.

La Ley de Municipalidades concibe la autonomía municipal como una expresión de la democracia participativa de todos sus habitantes, la cual buscara mejorar el nivel de vida de la población, hacer un uso racional de los recursos disponibles y propiciar un desarrollo económico equilibrado.

Es un deber y un derecho de todos los ciudadanos hondureños conocer esta Ley, a fin de ejercer una participación activa en su municipio, controlar y fiscalizar la gestión de sus autoridades, defender y preservar el patrimonio natural y cultural y, en fin, acceder a condiciones de vida digna para todos y todas.

Aun con los vacíos que pueda presentar, esta Ley de Municipalidades constituye un avance en la democratización de la vida nacional, sobre todo ahora que el pueblo hondureño ya puede escoger a sus autoridades municipales a través del voto directo y secreto mediante la papeleta separada.

Todo ello configura la posibilidad de que la población pueda contar con gobiernos locales verdaderamente autónomos, cuya prioridad sea el desarrollo de su municipio y el bienestar de sus habitantes. Por supuesto, nada de eso será posible si la ciudadanía no participa activamente, conociendo, ejerciendo y profundizando los derechos que establece el marco legal vigente.

ISBN: 978-99926-54-62-0
Sexta edición, junio 2016, 211 pp.
L 200.00/ US$ 8.75