En general, las garantías procesales en el moderno derecho procesal penal se dimensionan respecto al derecho de defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba, etc., pero poco se discute, sobre todo en nuestro medio, acerca de derechos o garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, lo que ocasiona que, reiteradamente, estos derechos se vulneren en las diligencias investigativas. Desafortunadamente, esto es aceptado con cierta conformidad por los litigantes y por jueces y juezas que, por falta de congruencia con su carácter tutelador, eluden ahondar en el análisis de la licitud de tales actos.

El respeto irrestricto del domicilio es esencialmente de carácter constitucional. Por ello, cualquier vulneración que se produzca debe ser reprochada jurisdiccionalmente; y en aquellos supuestos donde se carezca de autorización judicial, en allanamientos no consentidos, o que no estén directamente relacionados con un delito flagrante, la entrada y registro que se produzca vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. En consecuencia, toda la prueba que se haya obtenido carecerá de eficacia probatoria y, por su ilicitud, tendrá el carácter de prueba prohibida.

Adán Guillermo López Lone se desempeñó como juez de sentencia cerca de ocho años (2002-2010); es fundador y director de la revista Justiciade la Asociación de Jueces por la Democracia y es parte del Caso López Lone y otros, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, en octubre de 2015, la responsabilidad del Estado de Honduras por violaciones de derechos humanos. Este libro contiene el trabajo de investigación que presentó para obtener el máster en Derecho Procesal Penal en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en el año 2013.

ISBN: 978-99926-54-63-7
Primera edición, junio 2016, 192 pp
L 270.00 / US$ 11.75